Comodoro Rivadavia, 27 de agosto de 2026 – En la Argentina actual, donde el maltrato animal ocupa un lugar prioritario en la agenda pública, el Congreso atraviesa un acalorado debate sobre el endurecimiento de las penas por estos delitos. Sin embargo, una modificación técnica en el texto de las propuestas ha encendido las alarmas entre especialistas y organizaciones civiles: la eliminación de la palabra «víctima» en el proyecto conocido como Ley Conan, impulsado por el diputado Damián Arabia (PRO), podría limitar el acceso a la justicia para la protección de los animales, dejando a las ONG fuera de los tribunales y debilitando su capacidad para actuar como querellantes.
Una ley anclada en el pasado
La legislación vigente sobre maltrato animal está regida por la Ley 14.346, sancionada en 1954, que prevé castigos de apenas 15 días a un año de prisión, configurando un marco normativo prácticamente excarcelable. Los proyectos en discusión buscan elevar esas penas hasta un máximo de 3 a 5 años, pero el núcleo de la controversia radica en el término «víctima», que ha permitido a los jueces interpretar a los animales como sujetos de derechos. Ese estatus podría peligrar con los cambios propuestos, sacando a los animales de la esfera de protección que actualmente poseen.
Cinco proyectos, un debate abierto
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados analiza diversas propuestas con capacidad de transformar la normativa vigente. La Ley Conan, de Damián Arabia (PRO), aumenta las penas de 3 meses a 3 años por maltrato y de 6 meses a 5 años por crueldad, pero elimina la referencia a «víctima». El proyecto Vázquez, de La Libertad Avanza, focalizado en los «animales de compañía», también omite esa terminología. El proyecto Juliano (UCR) propone incrementar las penas y agravar los castigos en casos de lesiones permanentes o fallecimiento del animal. El proyecto Aguirre, también de la UCR, introduce un sistema de multas vinculadas al Salario Mínimo Vital y Móvil. Y el proyecto Sotolano (PRO) busca modernizar las definiciones de maltrato e incluye el abandono como delito penal.
Un «caballo de Troya» jurídico
La posibilidad de establecer penas efectivas de prisión marca un avance significativo frente a la impunidad histórica. No obstante, especialistas y defensores de los derechos animales califican el cambio como un «caballo de Troya» jurídico: si se elimina la palabra «víctima», las defensas de los acusados podrían alegar que los animales son meramente objetos de propiedad, lo que vaciaría de contenido las herramientas jurídicas que las ONG utilizan para intervenir en las causas. Con las alarmas encendidas, diversas organizaciones animalistas se han movilizado en redes y en la calle, exigiendo que no se reduzcan los derechos procesales adquiridos. Propuestas técnicas buscan mantener la terminología de «víctima» mientras se endurecen las penas.
El reloj corre: absorción y caducidad
Si el Congreso avanza exclusivamente con la reforma integral del Código Penal, los proyectos individuales de Juliano y Arabia podrían dejar de existir de forma independiente por dos motivos. Primero, porque las comisiones pueden absorber proyectos individuales en un dictamen unificado; si se redacta un capítulo sobre maltrato animal en el nuevo Código Penal, las propuestas originales perderían su objeto automáticamente. Segundo, por la caducidad parlamentaria: la Ley 13.640 (Ley Olmedo) estipula que cualquier proyecto que no obtenga aprobación en al menos una de las dos Cámaras durante el año parlamentario o el siguiente caduca automáticamente. Como estos proyectos fueron presentados en Diputados en 2024, su plazo para lograr media sanción vence el 30 de noviembre de 2025.
El proceso legislativo en clave
Para comprender la magnitud del desafío, conviene repasar el recorrido de cualquier proyecto de ley. Primero, su presentación: cualquier legislador puede presentarlo, así como las comisiones o los ciudadanos mediante iniciativas populares; el proyecto debe incluir título, resumen, texto normativo completo y fundamentos. Luego, la asignación a comisiones relevantes, donde se realiza un análisis técnico que puede incluir audiencias públicas, convocatoria a expertos y modificaciones al texto original. Finalmente, el dictamen pasa al pleno de la Cámara para su debate y votación; si se aprueba, se envía a la otra Cámara para continuar el recorrido. Este proceso, influenciado por factores políticos, sociales y mediáticos, proporciona el marco estructural para desarrollar nuevas leyes.
La pregunta que queda
La suerte de estos proyectos depende en gran medida de la discusión política puertas adentro del Congreso. La pregunta que se plantean muchos es: si se sigue posponiendo este debate, ¿cuándo volverá a darse esta discusión en la legislatura? ¿Se pierde una oportunidad histórica, o se retira el debate del centro de la escena y se espera a que vaya a saber cuándo se vuelva a dar? El desafío sigue siendo encontrar un equilibrio entre penas más severas y la preservación de los derechos que protegen a quienes no pueden defenderse. Las decisiones del Congreso marcarán el rumbo de la legislación sobre maltrato animal en Argentina y, con ello, la protección de seres que no tienen voz.
Por Viviana Binder
