El pasado 10 de junio se vivió una de esas coincidencias que el calendario reserva con una puntería simbólica inquietante. Mientras en todo el país se conmemoraba el Día Nacional de la Seguridad Vial, la Justicia confirmaba a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner por la causa conocida como Vialidad.
No es necesario forzar ninguna analogía. La coincidencia habla por sí sola. La causa, que investigó la adjudicación direccionada de obras públicas viales en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, remite directamente a la infraestructura de caminos. Y el 10 de junio, precisamente, busca recordarnos cada año que circular con responsabilidad salva vidas.
Desde Movilizados por la Ciudad, Iván Leske -productor y conductor del ciclo- abordó en su editorial, a la que tituló Movilizados por lo simbólico, este cruce como lo que es: un momento simbólicamente potente, una intersección entre la política, la ética pública y la movilidad.
“El 10 de junio, Día Nacional de la Seguridad Vial, se convirtió en una postal cargada de ironías para la historia argentina. Ese mismo día —que conmemora el cambio de sentido en la circulación de vehículos implementado hace 80 años en nuestro país— la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por la causa conocida como Vialidad. Ni más ni menos que por el monumental desvío de fondos públicos destinados a obras viales.”
No me interesa CFK y no estoy hablando de política, ni siquiera estoy hablando de seguridad vial o de justicia. Sino de símbolos.
Iván Leske
La reflexión no apunta a celebrar una condena, sino a subrayar el vínculo entre decisiones políticas y consecuencias sociales. En Argentina, donde las rutas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, desviar fondos públicos destinados a su construcción o mantenimiento es un acto que trasciende lo administrativo. Tiene impacto concreto en el territorio, en la gente y en la confianza colectiva.
“En una nación donde lo simbólico tiene tanto peso, esta coincidencia no es menor. La seguridad vial no es solo un tema técnico ni un asunto de tránsito: es un compromiso moral con la vida, una política pública que exige planificación, inversión genuina y transparencia. La corrupción, en cambio, desmoviliza. Interrumpe caminos, posterga rutas, deja a pueblos aislados o a medio asfaltar. Cuesta dinero, pero sobre todo, cuesta tiempo y vidas.”
La causa judicial Vialidad fue objeto de polémicas desde su inicio. No obstante, más allá de los matices jurídicos o los posicionamientos partidarios, lo que no se puede soslayar es su profundidad simbólica. La obra pública, y en especial la vial, se mide en metros y en millones, pero también en confianza. Y cuando esa confianza se erosiona, cuando la sospecha de corrupción se instala, se desmorona uno de los pilares fundamentales del Estado: su capacidad de garantizar derechos básicos, como el de transitar en condiciones dignas y seguras.
“No se trata de festejar una condena. Ni de reducir una figura política a un expediente judicial. Se trata de advertir lo que nos dice esta escena: que cuando se tuerce el rumbo del dinero público, particularmente el que debiera estar destinado a obras viales también se tuerce el destino de quienes transitan el país todos los días. Y que cuando la Justicia se pronuncia en este contexto, también marca simbólicamente una encrucijada. Una en el que deberíamos detenernos a pensar.”
El editorial también plantea una equivalencia ética: así como cambiar el sentido del tránsito en 1945 salvó miles de vidas, cambiar el sentido de la gestión pública puede salvar la institucionalidad democrática. Hay una conexión directa entre el rumbo que toma la política y el trayecto que le espera a la ciudadanía.
Mientras cada 10 de junio recordamos que circular con responsabilidad salva vidas, también deberíamos recordar que administrar con responsabilidad salva más vidas todavía.
Iván Leske
“Que no hay seguridad vial posible sin infraestructura digna, ni infraestructura digna sin honestidad política. Y que cada vez que una ruta no se termina, un puente se cae o un pueblo queda aislado, hay una pregunta ética que nos atraviesa: ¿quién fue el que se desvió?”
No hay que perder de vista lo esencial: una ruta no es solo asfalto. Es conexión, acceso a la salud, a la educación, al trabajo. Es un símbolo de integración territorial. Por eso, la condena en la causa Vialidad tiene un peso mucho mayor que cualquier titular: pone en evidencia la fragilidad de los pactos sociales cuando se vulnera el compromiso con lo común.
“Porque en los mapas del poder, como en los mapas de la movilidad, lo más peligroso no es equivocarse de camino. Es saber cuál es el camino correcto y aún así, elegir desviarse.”
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