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Comodoro Rivadavia

Tensión en Marcos Juárez: Controversia entre el Municipio y el Colegio de Veterinarios por el Control de la Población Animal

Marcos Juárez, Córdoba –

Contexto de la Controversia 

Denuncias de la Municipalidad de Marcos Juárez

Fiscalía suspende el programa de castraciones de la Municipalidad de Marcos Juárez por una denuncia que hace el Colegio de Veterinarios de Córdoba, interviniendo indebidamente. El municipio pierde en la autonomía local, cediendo sus poderes y la ordenanza municipal para programas de control poblacional de perros y gatos.

Suspensión de Castraciones

Se ha denunciado que el Colegio Veterinario suspendió las castraciones en la ciudad, lo que ha sido criticado por afectar el bienestar animal y la salud pública.

Alegaciones de Abuso de Poder

La Municipalidad y otras voces han señalado que el Colegio de Veterinarios está abusando de un poder que no le corresponde, pasando por encima de las leyes y las atribuciones municipales.

Entrevista:

En medio de la creciente preocupación por la sobrepoblación de perros y gatos en las calles, un conflicto se ha intensificado entre la Municipalidad de Marcos Juárez y el Colegio de Veterinarios de Córdoba.

La controversia gira en torno a la implementación de un programa de control poblacional de estas especies, que ha sido criticado por el citado colegio, planteando serias dudas sobre la autonomía local y el bienestar animal en la ciudad.

La ordenanza sancionada en 2023 establece pautas claras para la castración masiva de perros y gatos, un paso necesario ante el aumento descontrolado de estas especies y los problemas asociados.

En comunicación telefónica con Ángeles Bonaudo, Miembro Fundadora de “Colaboradoras del Albergue” de Marcos Juárez, Córdoba- Referente de la Red de Políticas Públicas en Marcos Juárez destacó que, antes de la puesta en marcha del programa, el municipio mantenía un convenio con las veterinarias privadas que disponía de 60 castraciones mensuales, y con la implementación del programa municipal gratuito se estaban realizando unas 200 castraciones mensuales, número que además de controlar los nacimientos molesto al sector privado.

«Antes de este programa, la situación era insostenible. En poco tiempo, las calles estaban repletas de perros en condiciones precarias, lo que no solo afectaba a los animales, sino también a la salud de los habitantes», explicó Bonaudo.

Sin embargo, la reacción del Colegio de Veterinarios no se hizo esperar. La entidad ha denunciado a la Municipalidad por supuestas irregularidades en la implementación de la ordenanza y ha suspendido las castraciones en la ciudad. Los veterinarios argumentan que solo ellos tienen la autoridad para establecer políticas sobre el cuidado animal, acusando al municipio de exceder sus atribuciones.

Asimismo, se han utilizado tácticas de intimidación, como amenazas de denuncias de mala praxis, para frenar el avance del programa. Esta situación pone de manifiesto las tensiones entre los profesionales veterinarios y las iniciativas comunitarias.

Bonaudo expresó su preocupación: «Se han apoyado en tácticas de intimidación, amenazando a los funcionarios que impulsan este programa». A pesar de las presiones, la comunidad se mantiene firme en su decisión de proseguir con el plan de castración, que ha demostrado su efectividad en la reducción de la población de perros y gatos en situación de calle y en la mejora de la convivencia urbana.

«Es vital que los funcionarios no se dejen intimidar. Estamos todos juntos en esto. La salud pública y el bienestar de nuestros animales deben ser la prioridad», concluyó Bonaudo.

La controversia en Marcos Juárez no es un caso aislado, ya que muchas ciudades de Argentina enfrentan retos similares relacionados con la presión que generan los colegiados para impedir estos programas estatales.

La lucha por la regulación y control de la población animal cobra fuerza, y se cree que este conflicto tenga repercusiones no solo en Marcos Juárez, sino también en otras localidades, como Comodoro Rivadavia, si los municipios no defienden no solo sus derechos, sino sus obligaciones.

Mientras tanto, ciudadanos y activistas continúan abogando por una solución sostenible que beneficie tanto a los animales como a la comunidad en su conjunto.

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