La iniciativa representa un paso importante hacia un sistema de justicia más dinámico, accesible y transparente, que apunta a fortalecer la seguridad pública y la protección de los derechos de los ciudadanos.
El Gobierno de Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, organizó este martes en Comodoro Rivadavia una jornada de análisis sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. Este proyecto busca dinamizar los procesos judiciales y mejorar la eficacia del sistema de justicia, para brindar respuestas más rápidas y eficaces a la ciudadanía.
La apertura del evento estuvo a cargo del ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Héctor Iturrioz, en una sala repleta en el Centro de Información Pública de Comodoro Rivadavia. Con más de 130 asistentes, entre ellos miembros de la Policía del Chubut, fuerzas de seguridad nacionales y representantes de diversas instituciones, se destacó el interés general por comprender y aplicar esta reforma que entrará en vigencia el 2 de diciembre.
Entre los presentes, se destacaron figuras como la fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Verónica Escribano, y el fiscal general Teodoro Niumber, así como altos funcionarios de la Procuración General de la Nación y líderes de las fuerzas federales. El subsecretario de Seguridad, Claudio Fernández, enfatizó la importancia de la capacitación como un paso clave para alinear los procedimientos policiales y judiciales en la provincia.
Los expositores de la Unidad Especial Estratégica para la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuración General de la Nación (UNISA), Gustavo Plat y Manuel Rogiano, presentaron un análisis exhaustivo de los cambios que propone el nuevo código. La creación de Oficinas Judiciales, por ejemplo, busca reducir la carga administrativa de los jueces, permitiéndoles enfocarse en la resolución de casos, mientras que el rol de las Fiscalías se fortalece para asumir el control de la persecución penal.
Finalmente, se estableció la creación de una mesa de trabajo conjunta, que permitirá a las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales coordinar esfuerzos y adaptar el nuevo marco procesal a las realidades locales. Este enfoque colaborativo asegura que la implementación de la reforma penal en Chubut sea efectiva y respetuosa de las necesidades de la comunidad y de los derechos de los ciudadanos.
