El concejal Omar Lattanzio dialogó con Radio Giros tras la tensa sesión del sábado por la noche, en la que se aprobó la prórroga del contrato con la empresa Patagonia Argentina. Señaló falta de previsión del Ejecutivo y cuestionó duramente a la empresa prestataria.
El concejal Omar Lattanzio manifestó su malestar por la forma en que se resolvió la prórroga del contrato del transporte público, aprobada el sábado por la noche en una sesión que se extendió hasta pasadas las 22 horas. En declaraciones a Radio Giros, calificó el proceso como “desprolijo” y responsabilizó al Ejecutivo por no haber gestionado con tiempo la licitación del servicio. “El acuerdo vencía después de 18 meses y lo empezaron a discutir recién un mes antes. La culpa de esto es del Ejecutivo”, afirmó.
Lattanzio también apuntó contra la empresa prestataria, Patagonia Argentina, a la que acusó de presionar con cortar el servicio si no se aprobaba la prórroga. “Hace más de 20 años que prestan servicio y nunca se les debió un centavo. No es cierto que estén perdiendo dinero. De hecho, hice una denuncia por sobrecostos al Ministerio Público Fiscal”, explicó. Según el concejal, la empresa intentó condicionar al Concejo con amenazas y desinformación.
Uno de los puntos más polémicos del acuerdo fue la intención inicial de incluir una cláusula que establecía el pago de 100 millones de pesos si la licitación se demoraba más allá de 60 días. Lattanzio calificó esa propuesta como “una locura” y celebró que finalmente fuera retirada del texto final. “Pretendían que los vecinos pagaran esa cifra por un mes más de demora. Por suerte se sacó a último momento”, señaló.
El concejal también cuestionó los pliegos de licitación presentados por el Ejecutivo, asegurando que no cumplen con los requisitos mínimos para llevar adelante el proceso antes de agosto. “Son pliegos que no sirven para nada. Ojalá aparezcan nuevas empresas en la licitación y no sigamos atados a este monopolio que maneja el servicio como quiere”, expresó.
Finalmente, Lattanzio advirtió sobre una cláusula del nuevo acuerdo que impide al municipio accionar judicialmente contra la empresa. “Es gravísimo que se haya aceptado eso. Si la empresa mañana deja de trabajar, el Estado no puede hacer nada. Esa renuncia de derechos no debería haber existido en un contrato público”, concluyó.
El concejal Omar Lattanzio manifestó su malestar por la forma en que se resolvió la prórroga del contrato del transporte público, aprobada el sábado por la noche en una sesión que se extendió hasta pasadas las 22 horas. En declaraciones a Radio Giros, calificó el proceso como “desprolijo” y responsabilizó al Ejecutivo por no haber gestionado con tiempo la licitación del servicio. “El acuerdo vencía después de 18 meses y lo empezaron a discutir recién un mes antes. La culpa de esto es del Ejecutivo”, afirmó.
Lattanzio también apuntó contra la empresa prestataria, Patagonia Argentina, a la que acusó de presionar con cortar el servicio si no se aprobaba la prórroga. “Hace más de 20 años que prestan servicio y nunca se les debió un centavo. No es cierto que estén perdiendo dinero. De hecho, hice una denuncia por sobrecostos al Ministerio Público Fiscal”, explicó. Según el concejal, la empresa intentó condicionar al Concejo con amenazas y desinformación.
Uno de los puntos más polémicos del acuerdo fue la intención inicial de incluir una cláusula que establecía el pago de 100 millones de pesos si la licitación se demoraba más allá de 60 días. Lattanzio calificó esa propuesta como “una locura” y celebró que finalmente fuera retirada del texto final. “Pretendían que los vecinos pagaran esa cifra por un mes más de demora. Por suerte se sacó a último momento”, señaló.
El concejal también cuestionó los pliegos de licitación presentados por el Ejecutivo, asegurando que no cumplen con los requisitos mínimos para llevar adelante el proceso antes de agosto. “Son pliegos que no sirven para nada. Ojalá aparezcan nuevas empresas en la licitación y no sigamos atados a este monopolio que maneja el servicio como quiere”, expresó.
Finalmente, Lattanzio advirtió sobre una cláusula del nuevo acuerdo que impide al municipio accionar judicialmente contra la empresa. “Es gravísimo que se haya aceptado eso. Si la empresa mañana deja de trabajar, el Estado no puede hacer nada. Esa renuncia de derechos no debería haber existido en un contrato público”, concluyó.
