En entrevista, Cárcamo precisó que el Ministerio Público Fiscal ha relevado 179 denuncias que documentan un fraude que afectó a 594 personas. Las denuncias están respaldadas con evidencia documental y digital. La estafa se concretó a través de una propuesta donde, a cambio de un pago promedio de 100 mil pesos, las víctimas ingresarían a un grupo con acceso preferencial a viviendas gestionadas por el Instituto Provincial de Vivienda, algo que resultó ser falso.
El monto total de la defraudación fue calculado en $59,4 millones, cifra derivada de la suma de las cuotas cobradas a las víctimas. Según el fiscal, la maniobra involucró a funcionarios públicos y otros actores, quienes habrían prestado apoyo logístico o simbólico para dotar de credibilidad a esta propuesta, aunque estas vinculaciones resultaron ser falsas. La modalidad de estafa empleada, denominada “ardid engaño”, incluía referencias a influencias y permisos que nunca existieron.
A Vanessa Fita se le imputan 594 hechos de estafa bajo la figura de concurso real. Los otros cuatro acusados enfrentan cargos por participar en el esquema, habiendo actuado como colaboradores en la concreción de la maniobra. La audiencia será clave para definir plazos de la investigación formal.
Cárcamo enfatizó que el uso de influencias y la supuesta cercanía de Fita con funcionarios públicos fueron elementos clave para darle apariencia de seriedad a la propuesta. Sin embargo, la Fiscalía pudo verificar que no existían tales permisos ni recursos para sostener el proyecto, lo que evidencia el carácter fraudulento de la operación.
