En una investigación en curso, la brigada policial se encuentra desentrañando una compleja trama de estafas relacionadas con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El jefe de la brigada, Pablo Lobos, ha destacado la gravedad del caso, que involucra sumas significativas de dinero y promesas falsas de vivienda.
Según lo revelado por Lobos en una entrevista exclusiva, la investigación se inició hace aproximadamente dos semanas tras una denuncia presentada por un concejal de la ciudad. Desde entonces, se han identificado al menos 800 denuncias formales de personas afectadas por estas prácticas fraudulentas.
El modus operandi de la red implicaba persuadir a las víctimas con la promesa de viviendas asequibles en determinadas zonas de la ciudad, exigiendo depósitos que oscilaban alrededor de los 100.000 pesos. Se les indicaba a los afectados que una parte del dinero se destinaba al IPV y otra a gastos de conexión de luz, pero en realidad, se trataba de un engaño para obtener fondos ilícitos.
La presunta líder de la organización, Vanesa Fita, ha sido identificada como la principal sospechosa en esta fase inicial de la investigación. Además, se está investigando la participación de otras personas que colaboraban en la ejecución de esta estafa masiva.
A pesar de que aún no se ha formalizado ninguna imputación, Lobos asegura que el caso avanza con la recolección de pruebas adicionales y la verificación de los roles de cada individuo involucrado. Se espera que en las próximas semanas se avance hacia la formalización de la investigación.
El comisario también tranquilizó a la comunidad respecto a posibles represalias contra quienes denuncian, señalando que hasta ahora no se ha observado ese tipo de situaciones en casos anteriores y que se espera que esta vez no sea diferente.
La colaboración de la población afectada es fundamental para el avance de la investigación, y se alienta a aquellos que deseen denunciar a que se presenten ante las autoridades competentes. Se espera que con el trabajo conjunto de la policía, la fiscalía y la comunidad, se pueda poner fin a estas prácticas delictivas y llevar a los responsables ante la justicia.
