Tras el endurecimiento de las medidas por decreto nacional y los informes de la SIDE, frenan el apoyo logístico al proyecto Sea Lion.
El Gobierno nacional formalizó el endurecimiento de las sanciones administrativas y legales contra las firmas offshore que realicen actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la cuenca de las Islas Malvinas. La medida, anunciada por el presidente Javier Milei e informada durante la emisión de Radio Giros en Comodoro Rivadavia, provocó una rápida reacción en el sector energético internacional: una de las principales empresas del rubro desistió de avanzar y brindar apoyo logístico al proyecto de exploración «Sea Lion» en el Atlántico Sur, tras tomar conocimiento de los informes elaborados por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El endurecimiento normativo se instrumentará mediante un decreto de necesidad y urgencia destinado a dotar de mayor celeridad a los procesos sumariales contemplados en la Ley 26.659. Según se remarcó en la transmisión radial al reproducir el mensaje oficial, el Ejecutivo inhabilitará de forma directa para operar en territorio continental a las contratistas, proveedores y accionistas que intervengan en la cuenca sin aval de la Secretaría de Energía. «Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano», aseveró el mandatario en la cadena nacional.
El impacto geopolítico y comercial de estas restricciones no tardó en reconfigurar el escenario del Atlántico Sur. Tras las advertencias del Estado argentino y el entrecruzamiento de datos de inteligencia, actores clave de la cadena global de servicios petroleros resolvieron retirar su logística de las áreas otorgadas por el gobierno colonial de las islas. En la capital nacional del petróleo, la decisión fue leída como un paso determinante para resguardar los recursos hidrocarburíferos de la plataforma continental e impedir el avance de operaciones ilegítimas.
Como parte de este paquete de medidas soberanas, el Gabinete nacional trabaja en el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, iniciativa que contempla además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Desde el ámbito energético de Chubut, el monitoreo sobre el retiro de las petroleras en el área de Malvinas se mantiene con expectativas, mientras se aguarda que el marco punitivo inhiba definitivamente cualquier futuro intento de exploración no autorizada en el mar argentino.
