El fiscal Martín Cárcamo confirmó que la investigación preliminar sobre las viviendas del IPV ha concluido. Se presentará la imputación contra cinco personas, incluyendo a Vanessa Fita, la principal acusada de liderar una maniobra fraudulenta que afectó a casi 600 familias.
La causa de investigación sobre la presunta defraudación en la adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) está a punto de dar un nuevo paso. El fiscal Martín Cárcamo informó que la investigación preliminar se ha completado y que en los próximos días se presentarán las imputaciones formales contra las personas involucradas. Entre los acusados se encuentra Vanessa Fita, señalada como la principal organizadora de la maniobra ilícita.
Según explicó Cárcamo, la investigación determinó que la estafa afectó a 594 familias, quienes fueron inducidas a pagar una suma de $100.000 bajo el falso pretexto de asegurarles una vivienda. De este total, $20.000 supuestamente se destinaban a la instalación de servicios eléctricos, pero en realidad todo el dinero fue parte de la defraudación. El monto total estimado de la estafa supera los $59 millones.
Además de Fita, otras cuatro personas serán imputadas por su participación en la maniobra. Estas personas habrían colaborado directamente en la ejecución del plan, cumpliendo roles esenciales para la concreción de la estafa. Sin embargo, el fiscal aclaró que, aunque se consideró la posibilidad de imputar a los acusados bajo la figura de asociación ilícita, no se encontró suficiente evidencia para sostener que actuaron bajo un plan criminal común y previamente organizado.
Cárcamo también confirmó que todos los acusados han sido localizados y que la mayoría de ellos todavía reside en la ciudad de Comodoro Rivadavia. «Nos limitamos a confirmar que todos los imputados serán sometidos a proceso y que no se han trasladado fuera de la jurisdicción,» aseguró el fiscal.
La presentación de las imputaciones abrirá la siguiente etapa del proceso judicial, en la cual se determinarán las responsabilidades penales y las posibles condenas. De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de cumplimiento efectivo debido a la magnitud de los delitos y el daño económico causado.
La causa de investigación sobre la presunta defraudación en la adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) está a punto de dar un nuevo paso. El fiscal Martín Cárcamo informó que la investigación preliminar se ha completado y que en los próximos días se presentarán las imputaciones formales contra las personas involucradas. Entre los acusados se encuentra Vanessa Fita, señalada como la principal organizadora de la maniobra ilícita.
Según explicó Cárcamo, la investigación determinó que la estafa afectó a 594 familias, quienes fueron inducidas a pagar una suma de $100.000 bajo el falso pretexto de asegurarles una vivienda. De este total, $20.000 supuestamente se destinaban a la instalación de servicios eléctricos, pero en realidad todo el dinero fue parte de la defraudación. El monto total estimado de la estafa supera los $59 millones.
Además de Fita, otras cuatro personas serán imputadas por su participación en la maniobra. Estas personas habrían colaborado directamente en la ejecución del plan, cumpliendo roles esenciales para la concreción de la estafa. Sin embargo, el fiscal aclaró que, aunque se consideró la posibilidad de imputar a los acusados bajo la figura de asociación ilícita, no se encontró suficiente evidencia para sostener que actuaron bajo un plan criminal común y previamente organizado.
Cárcamo también confirmó que todos los acusados han sido localizados y que la mayoría de ellos todavía reside en la ciudad de Comodoro Rivadavia. «Nos limitamos a confirmar que todos los imputados serán sometidos a proceso y que no se han trasladado fuera de la jurisdicción,» aseguró el fiscal.
La presentación de las imputaciones abrirá la siguiente etapa del proceso judicial, en la cual se determinarán las responsabilidades penales y las posibles condenas. De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de cumplimiento efectivo debido a la magnitud de los delitos y el daño económico causado.
