El Gobierno nacional implementó una drástica medida al dar de baja a alrededor de 7.000 empleados que se incorporaron a la administración pública a partir del primero de enero de 2023. Este anuncio fue oficializado por el decreto 84/2023, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei en horas de la madrugada de hoy.
El decreto establece que las contrataciones de personas que comenzaron a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023 en organismos específicos no serán renovadas. Esta disposición afecta a empleados temporarios y de otras modalidades de contratación que culminan sus contratos antes del 31 de diciembre de 2023, abarcando a toda la administración nacional, así como a entidades públicas como ANSeS, PAMI y AFIP.
Se estima que alrededor de 7.000 empleados de diversos sectores gubernamentales se verán afectados por esta medida, excluyendo a aquellos que trabajan en empresas o sociedades estatales. Sin embargo, la decisión podría impactar también en contratados por locación de servicio cuyos contratos finalizan antes de finalizar el año.
Además, otros 45.000 empleados cuyos contratos fueron firmados antes del primero de enero de 2023 estarán sujetos a revisión durante los próximos 90 días. En medio de estas medidas, se está evaluando un posible congelamiento salarial para el personal jerárquico del Estado, contemplándose una reducción que podría alcanzar hasta el 15%.
