Tras la derogación de un decreto nacional, la Secretaría de Salud de Comodoro busca adherirse a una ley provincial que permita facturar a obras sociales y prepagas. El tema fue tratado hoy en el Concejo Deliberante y será debatido en la sesión de este jueves.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia enfrenta dificultades para optimizar sus ingresos en el sistema de salud desde mayo, cuando dejó de poder cobrar aranceles a obras sociales y prepagas por las prestaciones brindadas en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS). Esto se debe a la derogación del Decreto Nacional 939/2000, que habilitaba la facturación de estos servicios a pacientes con cobertura médica. La situación ha agravado el contexto de una creciente demanda de atención en el sistema municipal.
Según el secretario de Salud, Jorge Espíndola, cada vez más vecinos que cuentan con cobertura de obra social o prepaga recurren a los CAPS municipales debido a la imposibilidad de abonar los altos coseguros que cobra el sector privado. “Muchos afiliados, especialmente de PAMI, se ven obligados a buscar atención en el sistema público, ya que no pueden afrontar los recortes en la cobertura de medicamentos como antibióticos y analgésicos”, explicó.
Hoy, en una reunión con la comisión de Salud del Concejo Deliberante, se abordó la posibilidad de adherir a la Ley Provincial I N°49, que permitiría a la municipalidad volver a facturar por cada prestación realizada en sus centros de salud. Este proyecto cuenta con despacho favorable de los bloques Arriba Chubut y Despierta Comodoro, y será tratado en la próxima sesión ordinaria del jueves.
La concejal Gabriela Simunovic, presidenta de la Comisión Parlamentaria, señaló que esta adhesión sería clave para la sostenibilidad del sistema. “Entre el 65% y el 70% de la población de Comodoro tiene algún tipo de cobertura de salud, pero la demanda sobre los servicios municipales ha crecido significativamente, en parte debido a que muchos no pueden costear los coseguros privados, que rondan los $25.000”, indicó.
Espíndola subrayó la importancia de poder generar ingresos a través de convenios con las obras sociales. “La posibilidad de facturar nos permitirá seguir desarrollando programas esenciales como la entrega de anteojos gratuitos y medicamentos solidarios, además de asegurar la compra de insumos para responder a la creciente demanda”, concluyó el funcionario.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia enfrenta dificultades para optimizar sus ingresos en el sistema de salud desde mayo, cuando dejó de poder cobrar aranceles a obras sociales y prepagas por las prestaciones brindadas en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS). Esto se debe a la derogación del Decreto Nacional 939/2000, que habilitaba la facturación de estos servicios a pacientes con cobertura médica. La situación ha agravado el contexto de una creciente demanda de atención en el sistema municipal.
Según el secretario de Salud, Jorge Espíndola, cada vez más vecinos que cuentan con cobertura de obra social o prepaga recurren a los CAPS municipales debido a la imposibilidad de abonar los altos coseguros que cobra el sector privado. “Muchos afiliados, especialmente de PAMI, se ven obligados a buscar atención en el sistema público, ya que no pueden afrontar los recortes en la cobertura de medicamentos como antibióticos y analgésicos”, explicó.
Hoy, en una reunión con la comisión de Salud del Concejo Deliberante, se abordó la posibilidad de adherir a la Ley Provincial I N°49, que permitiría a la municipalidad volver a facturar por cada prestación realizada en sus centros de salud. Este proyecto cuenta con despacho favorable de los bloques Arriba Chubut y Despierta Comodoro, y será tratado en la próxima sesión ordinaria del jueves.
La concejal Gabriela Simunovic, presidenta de la Comisión Parlamentaria, señaló que esta adhesión sería clave para la sostenibilidad del sistema. “Entre el 65% y el 70% de la población de Comodoro tiene algún tipo de cobertura de salud, pero la demanda sobre los servicios municipales ha crecido significativamente, en parte debido a que muchos no pueden costear los coseguros privados, que rondan los $25.000”, indicó.
Espíndola subrayó la importancia de poder generar ingresos a través de convenios con las obras sociales. “La posibilidad de facturar nos permitirá seguir desarrollando programas esenciales como la entrega de anteojos gratuitos y medicamentos solidarios, además de asegurar la compra de insumos para responder a la creciente demanda”, concluyó el funcionario.
